Impuestos como el de Sucesiones y Donaciones lo único que hacen es disminuir el ahorro de las familias y, por lo tanto, reducir la inversión, que es la que genera riqueza.
- Artículo publicado en Heraldo de Aragón el 21 de diciembre de 2021. Por Jorge Estaban, director general de AEFA.
Las Cortes Aragonesas rechazaron hace unos días una proposición de ley que buscaba la aplicación de una bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Aragón para las transmisiones ‘mortis causa’ a los familiares más cercanos –en general, cónyuges e hijos–. Fue rechazada de manera ajustada: 31 votos a favor (PP, Ciudadanos y Vox), 32 votos en contra (PSOE, CHA, IU y Podemos) y 3 abstenciones (PAR).
Antes de argumentar nuestra decepción por este resultado, queremos recordar que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones grava las transmisiones gratuitas que se producen por fallecimiento (‘mortis causa’), que son las sucesiones (herencias y legados), y las ‘inter vivos’, que son donaciones.
Si hablamos de decepción es porque desde AEFA consideramos que se trata de un impuesto injusto, ya que obliga, en el caso de sucesiones a los herederos, a pagar por un bien sobre el que ya se había aplicado el IRPF o un impuesto sobre el patrimonio. Esta doble imposición alcanza niveles claramente confiscatorios e incluso insoportables cuando la donación o legado proviene de un tío o un tío abuelo: por mucho afecto que se prodiguen mutuamente, en estos casos el Impuesto de Sucesiones y Donaciones le obligaría a pagar, no un poco más, sino hasta un 240% más.
Una persona que con su esfuerzo gana una renta paga sus impuestos a través del IRPF. A la vez, es posible que ahorre y acumule un patrimonio que le permita, en el futuro, hacer frente a las necesidades de atención por envejecimiento o dependencia, o tenga la intención de facilitar a su fallecimiento recursos a sus familiares.
Tras la votación en el pleno de las Cortes, los partidos contrarios a esta bonificación alegaron que va contra la autonomía fiscal; que beneficia a los ricos y que hace caer la recaudación necesaria para mantener el Estado del bienestar y los servicios sociales. Nada hay más lejos de la realidad, ya que ni va contra la autonomía financiera de las comunidades autónomas, ni es una medida a favor de los ricos, ni va en contra de la recaudación. Queremos explicar por qué.
En primer lugar, argumentan que este tipo de bonificaciones o exenciones va contra la autonomía financiera. Cabría recordarles que son ellos los que año tras año acuden, renunciando a esa misma autonomía financiera que reclaman, al Fondo de Liquidez Autonómica, que cubre su enorme endeudamiento consecuencia de una repetidamente nefasta gestión presupuestaria. Por otro lado, no hay que olvidar que hay dos comunidades autónomas que mantienen unos sistemas de financiación propia y a la carta que, en la práctica, suponen una clara ventaja financiera en detrimento de la Administración central y de la solidaridad interterritorial.
En segundo lugar, la eliminación de este impuesto no beneficia a quienes más patrimonio tienen, que pueden optar por otras fórmulas legales que permiten una transición menos agresiva en cuanto al gravamen fiscal o bien pueden asumir sin problema el pago del impuesto. Sin embargo, para las rentas medias y bajas este impuesto sigue siendo injusto.
Y es que a quien más gravoso le resulta es sin duda a la clase media, a las familias que heredan una casa, unos pequeños ahorros, un par de vehículos, unas acciones o, incluso, títulos de deuda pública que su familiar pudo suscribir en el pasado para ayudar a financiarse al Estado, y que ahora le devuelve el favor con otra vuelta de tuerca fiscal, después de muerto.
Y por último, tampoco es cierto que se reduzca la recaudación. Para ello hay que hacer referencia a hechos constatables y así, Madrid, que fue la que primero que bonificó el Impuesto de Sucesiones y Donaciones al 99% para los familiares más cercanos (es la que más recauda junto con Cataluña, pese a tener un millón menos de población), llegó a recaudar 120 millones más al año que Cataluña.
Y sobre todo, el argumento unidireccional de que «sin ingresos» se perderán todos los servicios sociales (educación, sanidad, etc.) basta rebatirlo con una simple regla de economía doméstica, esa que utilizamos todos los españoles de a pie en nuestra casa: no gastar más de lo que se tiene. Y claro, la única vía de ‘asegurar’ esos servicios es exprimir al contribuyente, apretando su cinturón pero jamás pensando en que sea la clase política la que deba de afilar el lápiz y gestionar bien los recursos disponibles, como es su obligación.
Impuestos como el de Sucesiones y Donaciones lo único que hacen es reducir la renta de los contribuyentes, lo que lleva a disminuir el consumo, el ahorro y, por tanto, la inversión. Y la consecuencia directa de lo anterior es una caída de la actividad económica, de la recaudación y del empleo, que son los que generan los ingresos necesarios para que los políticos tengan su sueldo.
Sin ahorro no hay empresas, sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay recuperación y, sin empresas ni empleo, no hay sector público ni Estado del bienestar. Y si no hay Estado del bienestar y la carga impositiva a la ciudadanía es elevada o injusta, ¿de dónde saldrán los Presupuestos? Siempre de los contribuyentes y nunca de una mayor eficiencia en la gestión.
