Ante la propuesta de reforma fiscal anunciada por el Gobierno central, en la que está trabajando un grupo de expertos, conviene hacer algunas consideraciones desde el punto de vista de la empresa familiar.

En primer lugar, hay que establecer claramente el objetivo de la reforma. Dada la situación económica en España, deben aunarse dos fines: continuar con la senda de la disminución del déficit público y poner las bases de un sólido crecimiento económico con creación de empleo. El primero tiene que conseguirse mediante un adecuado balance de aumento de ingresos y disminución de gastos. Para ello es importante que la búsqueda demás ingresos no se base en impuestos que desincentiven el ahorro, la inversión y el trabajo, motores de la actividad económica.

Lo que pueda conseguirse con esos impuestos quedará anulado a medio plazo con la disminución de nuevas inversiones, que provocarán un aumento del paro y, por tanto, del gasto público, por lo que terminarán disminuyendo la recaudación fiscal.

¿Cuáles son los obstáculos al crecimiento que debe remover España para liberar su potencial? Podemos esperar que su economía crezca en la medida en que sea internacionalmente competitiva.

Para analizar esta faceta acudiremos al informe de 2013 del World Economic Forum ‘The Global CompetitivenessReport2013- 2014’: España ocupa el puesto 35 de 148 (aunque en 2012, año base del estudio, era el nº 25 en renta per cápita), por detrás de países como India, Polonia, Puerto Rico, China, Brunéi, Malasia o Arabia Saudí.

Entre los muchos indicadores utilizados para realizar esta clasificación, España destaca en infraestructuras 8puesto 10) y tamaño del mercado (14), pero ocupa posiciones muy bajas en otros, algunos relacionados con la fiscalidad: transparencia de políticas gubernamentales (facilidad para obtener información sobre cambios regulatorios que afectan a los empresarios, puesto 87); porcentaje de ahorro nacional (78); capacidad del país de retener talento (evitar que los mejores emigren, el 108); capacidad de atraer talento (conseguir inmigrantes de alto nivel, el 102); impacto de la normativa en atraer inversiones extranjeras directas (93) y, por último, efecto de la fiscalidad en incentivar la inversión (puesto 118).

Una vez conocidos los objetivos de la política fiscal y algunas de las principales dificultades para que España sea competitiva internacionalmente y pueda crecer más y crear empleo, analizaremos el Impuesto de Patrimonio en España.

Se creó en 1977, como impuesto ‘extraordinario’, calificativo que perdió en 1991, aunque en 2008 se suprimió y se volvió a restablecer en 2011 ‘exclusivamente’ para 2011 y 2012; y en 2013, para 2013 y 2014 (todo ello afecta claramente al indicador ‘Transparencia de políticas gubernamentales’ antes mencionado, por el continuo cambio regulatorio).

En 2014, únicamente existe un impuesto similar a nivel estatal en Francia (pero con un tipo máximo al 1,8%, inferior al 2,5% español) y, fuera de la Unión Europea, en Noruega.

Sin embargo, ha sido suprimido en los siguientes países: Japón, Italia, Austria, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Suecia y Grecia. Esta carga fiscal disminuye el porcentaje de ahorro nacional, al ser los mejores (empresarios, artistas deportistas…) los que tienen más posibilidades de tener elevados patrimonios. Reduce también la capacidad del país de retener y de atraer talento, perjudica las inversiones extranjeras directas de las personas físicas y claramente desincentiva la inversión.

Podrá objetarse que existe una exención en el impuesto a los activos empresariales, pero debemos tener en cuenta que los empresarios e inversores no solo tienen patrimonio empresarial y que también a España le interesa la inversión en viviendas y otros activos inmobiliarios, especialmente en la situación de profunda crisis en que nos encontramos.

Si queremos enfocar la reforma fiscal hacia el crecimiento económico, hay que suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio (junto con la disminución de la imposición sobre el ahorro que ha subido del 15%al 27%y la disminución de los marginales en el IRPF, que están entre los más altos del mundo). La cantidad de dinero que se perdería al dejar de recaudarlo sería mínima en términos porcentuales y se recuperaría con creces con el aumento de inversiones que traería su supresión.

Quizás su mantenimiento se deba más a un intento de aplacar a la opinión pública ante las duras reformas laborales y los recortes en servicios públicos («es duro, pero los ricos pagan más», se afirma con base al aumento de los marginales del IRPF, general y del ahorro, y el mantenimiento del Impuesto del Patrimonio), pero esto es un error, ya que a las políticas que favorecen la competitividad y en consecuencia el crecimiento, se contraponen políticas fiscales que van contra el ahorro y la inversión y por tanto contra la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo.

Hay que tomar, por tanto, las medidas correctas que favorezcan la creación de riqueza, y explicarlas a la opinión pública lo que sea necesario; lo contrario supondría actuar contra los intereses del país.

Para terminar, ¿Quiénes son esos ‘ricos’ a los que se quiere hacer pagar por la crisis? Si repasamos la lista de Forbes encontramos en el tercer lugar a nivel mundial a Amancio Ortega con 57.000 millones de dólares (también aparece en el 195 su ex mujer, recientemente fallecida), sin duda el empresario español de mayor éxito en la historia, que partiendo de la nada ha creado una empresa que emplea a 125.000 personas.

También están entre los 300 primeros de la lista de Forbes: Juan Roig (Mercadona, 72.000 empleos) e Isak Andic (Mango, 11.000 empleos). ¿Es razonable que castiguemos a estos multimillonarios con un impuesto prácticamente inexistente en el resto del mundo o, más bien, deberíamos procurar no tratarles peor que en otros países para fomentar que otros sigan su ejemplo, evita que se vayan del país y procurar que los extranjeros vean a España como un buen país para vivir y crear empresas?.