Es una suerte pagar impuestos. Eso significa que se tienen ingresos y puede que algo de patrimonio. Además, para quienes creemos en las ventajas de la redistribución de la riqueza, es el mejor mecanismo para lograr una mayor equidad entre la población y una sociedad más equilibrada y, por tanto, más estable.

En España, se podrá decir lo que se quiera, pero ese mecanismo ha funcionado. Pese a que hemos atravesado la mayor crisis contemporánea, ha habido recursos, pagados por todos los españoles, con los que mantener la escuela y la sanidad públicas. También, para dotar la acción social y dar cobertura a los más golpeados por la crisis. Con más se habría hecho más, pero entre las distintas administraciones y las organizaciones sociales se ha mitigado y se mitiga el sufrimiento de mucha gente.

Esa misma convicción de creer en el pago de impuestos para lograr una sociedad más justa lleva a la incomprensión de la vigente desigualdad impositiva entre autonomías.

Aunque la Constitución dice que los españoles somos iguales ante la ley, sin que se deba discriminar por nacimiento u otra circunstancia personal, en los últimos meses hemos conocido cómo los tramos impositivos que competen a las autonomías van del cero a porcentajes sangrantes, en función de donde vivas. Por supuesto, se paga menos en la mayoría de las comunidades más ricas, como Madrid, y más en otras como Aragón y Andalucía.

En el caso de Aragón, según el informe sobre fiscalidad autonómica del Consejo General de Economistas, que ha venido reflejando es la tercera autonomía con los impuestos más altos para las clases medias, cuando nuestra renta disponible está más abajo. En 2015, Aragón es la quinta en PIB por habitante (25.552 euros) y la sexta en salario medio, con 29.812,68 euros/ año, frente a los 30.857,31 de media en España.

Según ese informe, solo catalanes y extremeños pagan más que los aragoneses que tienen sueldos mayores de 20.000 euros/año. En IRPF, somos los cuartos. En sucesiones, los terceros en la mayor parte de los supuestos; cuando hay sitios como Canarias donde se paga un 0,02%, o Madrid, La Rioja, el País Vasco y Navarra, donde es testimonial. En actos jurídicos documentados, Aragón también figura en el grupo de tipo más elevado: un 1,5% del precio de las compraventas, el doble que otras autonomías. Respecto al impuesto sobre el patrimonio, los aragoneses somos los que más tributamos a partir de 400.000 euros, cuando en otras comunidades no se paga nada o el umbral es mucho mayor; de hecho, once autonomías han elevado la exención hasta los 700.000 euros. En resumen, en Aragón, a poco que tengas, pagas por encima de la media.

Y, además, sufrimos el efecto frontera de estar rodeados de territorios en los que, salvo en Cataluña, se contribuye menos.

Las autonomías se cruzan acusaciones y las que más cobran quieren que se igualen al alza. Lo rechazan las que bonifican, porque ingresan por número de contribuyentes lo que pierden por volumen y pueden atraer a la población más pudiente.

Así, mientras los políticos discuten, el descontento cala en amplias capas de la sociedad y alumbra una nueva marea.

Lo hemos visto en el amplio eco registrado por la denuncia de una anciana ante los impuestos a pagar por una herencia familiar, con la que se han identificado cientos de personas. Este impuesto se aplica sobre bienes que ya tributaron, a veces en cantidades que casi superan su valor, y está llevando a las familias a pensar que es mejor gastárselo todo que ahorrar para luego entregarlo al Estado.

O en el testimonio de los numerosos asistentes a las manifestaciones espontáneas celebradas hace unos días, en distintos puntos de España, contra los impuestos de sucesiones y de plusvalía. Porque este es otro tema: ya hay 21 sentencias en Zaragoza contra el impuesto de plusvalía cuando el bien ha perdido valor en vez de ganarlo.

Sin embargo, el Ayuntamiento ni se inmuta. Tamaña discriminación y tanta voracidad recaudatoria nos hacen dudar de para quién se gobierna. Dispuestos a contribuir, sí. A ser expoliados e incentivar no querer tener nada, no. Con esas políticas, la marea tributaria está servida.